Esta acción de la Fiscalía podría llevar a la reapertura de una causa archivada a finales de 2024, que no pudo atribuir episodios concretos a empresas. El archivo ya advertía de la necesidad de un control constante de los sistemas de prevención y de las tareas de limpieza en las playas.

En paralelo, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha enviado una carta a la delegada del Govern en Tarragona, denunciando la nueva presencia de pellets y exigiendo la convocatoria inmediata del grupo directivo de la Plataforma Cero Pérdida de Pellets. Segura subraya que la problemática supera el ámbito local y requiere una respuesta política efectiva.

Según Segura, los pellets llegan al mar a través de las rieras, competencia de la Agencia Catalana del Agua (ACA), y por el puerto, gestionado por la Autoridad Portuaria. Fuentes del Puerto de Tarragona se defienden, afirmando ser 'parte afectada' y mostrándose abiertos al diálogo para encontrar soluciones que eliminen estos microplásticos.

La Unión Europea ha intervenido con una nueva regulación, de obligado cumplimiento a partir de diciembre de 2027, que busca garantizar la trazabilidad de la granza de plástico en toda la cadena de suministro. Esta normativa, en la que ha participado Good Karma Projects, incluye a productores, transportistas y almacenadores, y obliga a tener un plan de gestión y un registro de las instalaciones.

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica es el encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa. Ya se han creado grupos de trabajo con empresas químicas de Tarragona, que recuerdan haber impulsado proyectos internos para reducir la pérdida de pellets desde 2018. A pesar de esto, existe una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a raíz de una denuncia de la fundación Surfrider Foundation Europe contra empresas del polígono petroquímico de Tarragona.