Tarragona y Terres de l'Ebre, líderes en impago de multas de tráfico en Catalunya

Más de medio millón de expedientes sancionadores no se han abonado voluntariamente en los últimos tres años en la región.

Imagen genérica de una multa de tráfico sobre el salpicadero de un coche.
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Imagen genérica de una multa de tráfico sobre el salpicadero de un coche.

El Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre encabezan el ranking catalán de impago de multas de tráfico, con un 41,1% de sanciones no abonadas voluntariamente entre 2023 y 2025, sumando más de medio millón de expedientes pendientes.

Según datos del Servei Català de Trànsit, en los últimos tres años se han tramitado 4.366.260 expedientes sancionadores en toda Catalunya. De estos, solo 2.779.081 se han pagado de forma voluntaria, dejando un 36,4% de multas pendientes. Estos casos pasan a la vía ejecutiva, gestionada por la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC).
Por demarcaciones, Tarragona registra el mayor volumen de impagos. Las comarcas de Barcelona la siguen con un 37% de infractores que no han abonado las sanciones, equivalente a 1,3 millones de conductores. Girona se sitúa por debajo de la media catalana con un 34,3%, mientras que Lleida presenta el mejor dato, con un 29,6%, indicando que siete de cada diez conductores sancionados sí pagan.
Otro factor relevante es el elevado nivel de impago entre conductores con domicilio en el extranjero. Más de la mitad de las multas impuestas a estos infractores en los últimos tres años continúan sin abonarse, alcanzando el 63,8% en 2025, en comparación con el 34% de los residentes en España.

"Existe un sistema específico de cobro para conductores extranjeros a través de una empresa que envía la multa a los titulares de los vehículos en su idioma y, en ocasiones, desde el propio país. Esto hace que la persona que recibe la multa se sienta más interpelada."

Ramon Lamiel · Director de Trànsit
Este sistema permite recuperar un "importe destacable" de sanciones que, de otro modo, "podrían darse por perdidas". No obstante, en estos casos no se recurre a la vía ejecutiva, ya que contactar con las administraciones tributarias de otros países implica trámites complejos y costosos. El año pasado, Trànsit registró 1,46 millones de expedientes, un 8,1% más que en 2024, pero un 4,7% menos que en 2023, confirmando la persistencia de un problema estructural en el cobro de sanciones.