La resolución judicial, emitida en enero de 2026, favorece parcialmente a un inquilino de un piso en Salou contra la empresa Immocritèria, reduciendo la cantidad reclamada por la cuota de diciembre de 2024 de 379,79 a 260,13 euros. Este caso se enmarca en la huelga de alquileres iniciada por varias familias y el Sindicato de Inquilinas.
“"Aunque la decisión judicial no resuelve el resto de procedimientos ni la demanda colectiva pendiente en los juzgados de Barcelona, marca un precedente en el ámbito judicial sobre esta cuestión."
El litigio se originó a finales de 2024 en promociones de VPO en Salou y el Vendrell gestionadas por Immocritèria. Los inquilinos protestaron por prácticas abusivas, incluido el cobro del IBI, que ascendía a unos 25 euros mensuales por vivienda.
La sentencia se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo y la normativa catalana específica para VPO, señalando que el IBI no se considera un servicio y, por lo tanto, no puede repercutirse. El juzgado corrigió el importe de la renta, descontando 16,12 euros correspondientes a la parte proporcional del impuesto para diciembre de 2024.
