La Sala de Actos del Seminario Diocesano de La Seu d’Urgell acogió la presentación del informe FOESSA sobre exclusión social, con la presencia de unas setenta representantes institucionales y de entidades sociales. El acto contó con la participación de figuras como el concejal del Ayuntamiento de La Seu d’Urgell, Jordi Mas, la síndica de greuges, Anna Martí, y la vicepresidenta del Consell Comarcal, Mireia Tarrats.

Presidida por el presidente de Cáritas d’Urgell y Obispo de la diócesis, Josep-Lluís Serrano Pentinat, la presentación puso énfasis en la situación de la Diócesis de Urgell, donde Cáritas ha dado apoyo a 982 hogares y 2.060 personas. En Cataluña, 1 de cada 3 personas vive en una situación de integración precaria, mientras que en el Obispado de Urgell, casi el 20% de las personas atendidas por Cáritas trabajan pero no pueden cubrir los gastos familiares. El estudio cifra en 1.351.000 personas (17% de la población catalana) las que se encuentran en exclusión social.

El informe destaca la vivienda como el principal factor de desigualdad. En Cataluña, 568.000 hogares sufren precariedad en la vivienda. El 13,3% de la población cae en pobreza extrema tras pagar los gastos de vivienda, y el 12,6% vive en hacinamiento grave. En la Diócesis de Urgell, un 65% de quienes necesitan apoyo viven de alquiler sin poder hacer frente a los gastos, y un 5% en propiedad con dificultades.

La precariedad laboral es otro motor de la fractura social, afectando a 1,4 millones de personas en Cataluña. El informe señala que "trabajar ya no te salva de la exclusión", ya que el 55,4% de las personas en exclusión social viven en hogares donde el sustentador principal trabaja.

El estudio también alerta del aumento del aislamiento social, que se ha cuadruplicado (del 4% al 16%), y del deterioro de la salud física y mental. Las mujeres y las personas migrantes son los colectivos más afectados por la exclusión, así como los niños y adolescentes, con 1 de cada 3 en situación de exclusión.

Las presentadoras, Miriam Feu y Neus Puigsubirà, concluyeron que "no fallan las personas, falla el sistema" y reclamaron políticas integrales, especialmente en vivienda, protección de niños y jóvenes, y la promoción de vínculos comunitarios.