La economía catalana exhibe indicadores macroeconómicos positivos, consolidándose como una de las más dinámicas del sur de Europa. Sin embargo, este crecimiento no se refleja de manera tangible en una mejora real de las condiciones de vida de la población. Muchas familias destinan casi la totalidad de su salario a cubrir gastos esenciales como la vivienda, la alimentación o los suministros, provocando una disminución del poder adquisitivo y dificultando el ahorro.

Esta situación no es un problema individual, sino el reflejo de un modelo económico que distribuye la riqueza de manera desigual. Según el Informe Social de Cataluña 2025, el 1% más rico acumula el 27,5% de la riqueza, una cifra que supera casi cinco veces la del 50% más pobre. En Cataluña, trabajar ya no es garantía de vivir dignamente, con un 12% de trabajadores pobres.

El coste de la vida en ascenso tiene graves consecuencias sociales, como la imposibilidad de emancipación para una generación de jóvenes. Un salario mínimo interprofesional estatal de 1.221 euros resulta insuficiente en zonas con un alto coste de vida. La implementación de un salario mínimo catalán permitiría ajustar los sueldos a la realidad del territorio y podría tener un efecto positivo en el resto de remuneraciones.

La vivienda se convierte en el principal factor de empobrecimiento, con 3 de cada 10 hogares destinando el 40% de su sueldo al pago del alquiler. Las cuotas hipotecarias variables también se incrementan. Mientras tanto, grandes fondos y 'megapropietarios' acumulan miles de viviendas para negocio, y los 13.000 pisos de la Sareb anunciados para la Generalitat aún no se han traspasado.

Ni el Estado ni las fuerzas políticas de derecha ofrecen soluciones efectivas para la clase trabajadora y media catalana. Se reclama más soberanía como país y políticas valientes para garantizar condiciones de vida dignas y responder a las necesidades ciudadanas.