La propuesta, defendida por la portavoz Marta Giménez, plantea que los servicios jurídicos municipales intervengan en procesos penales que afecten a la convivencia y al comercio de la ciudad. El grupo municipal considera que es una obligación institucional proteger a los vecinos frente a la impunidad.

La medida estrella consiste en solicitar judicialmente la prohibición de residencia y acceso a Terrassa para estos delincuentes. Esta restricción se pediría como medida cautelar y también como pena privativa de derechos en las sentencias.