Este realojamiento, gestionado por la Generalitat con el apoyo de Creu Roja Catalunya, fue objeto de debate en el pleno municipal de Terrassa el pasado enero. El equipo de gobierno defendió la actuación, mientras que la oposición, especialmente el grupo de Vox, mostró una actitud crítica.
“"Actualmente, según datos de la conselleria de Derechos Sociales, hay 13 personas que fueron desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona. Están instaladas en el Hostal Roc Blanc y, desde nuestra ciudad, no se hace el seguimiento sino que es desde la conselleria con el apoyo de Creu Roja Catalunya."
El concejal de Servicios Sociales, Noel Duque, publicó un vídeo el 30 de marzo en Instagram, bajo el epígrafe del partido Tot per Terrassa, destacando la ausencia de problemas durante la estancia de los migrantes. En el vídeo, Duque interpeló directamente las acusaciones de Vox, que había calificado a los migrantes de "criminales".
“"No eran criminales; no han creado una sola incidencia negativa en el barrio; solo necesitábamos un techo para reorganizarse."
El enfrentamiento entre Duque y la jefa municipal de Vox, Alicia Tomás, fue notable en el pleno de enero, donde Tomás afirmó que "los okupas de Badalona ya están sembrando el miedo en Terrassa". Duque respondió subrayando que los migrantes no tenían antecedentes penales y que regresarían a Badalona, donde tenían trabajo.
A nivel de Catalunya, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, informó que alrededor de 152 personas desalojadas del B9 continúan siendo atendidas en albergues y recursos temporales de emergencia. Esta medida busca garantizar las necesidades básicas y ofrecer un espacio seguro mientras se exploran alternativas más estables, con un seguimiento continuado por parte de entidades especializadas.
