Bellaterra pide la independencia de Cerdanyola para incorporarse a Sant Cugat

La Entidad Municipal Descentralizada ha entregado el informe a la Generalitat, que decidirá sobre la anexión antes del verano.

Documents oficials sobre una taula, simbolitzant la petició de segregació territorial d'una entitat municipal.

Documents oficials sobre una taula, simbolitzant la petició de segregació territorial d'una entitat municipal.

Los 3.037 vecinos de Bellaterra, a través de su EMD, han presentado formalmente la petición a la Generalitat para segregarse de Cerdanyola del Vallès y anexionarse a Sant Cugat, esperando una decisión antes del verano.

La Junta de Vecinos de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra aprobó el informe que solicita la independencia municipal. Esta petición, entregada al alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, busca la incorporación al municipio vecino de Sant Cugat del Vallès. Bellaterra, nacida en 1929 como una urbanización de Cerdanyola, consiguió el estatus de EMD en julio de 2010.
La distancia con Cerdanyola se ha acentuado con el tiempo, especialmente tras la instalación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1970. La diferencia socioeconómica es notable: la renta media anual per cápita en Bellaterra es de 25.799 euros, muy superior a los 13.953 euros de Cerdanyola, e incluso por encima de los 23.337 euros de Sant Cugat.

"La frontera física que representa la autopista y la universidad con Cerdanyola siempre nos ha alejado. Además, el perfil sociodemográfico es más cercano entre Bellaterra y Sant Cugat."

Josep Maria Riba · Presidente de la EMD de Bellaterra
El informe presentado por la EMD el 7 de enero al consistorio de Cerdanyola argumenta que cumplen con el artículo 8 del Decreto 244/2007 de la Generalitat para la segregación. Económicamente, la EMD señala que la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en Bellaterra supera el coste de los servicios municipales que aporta el Ayuntamiento de Cerdanyola.
La decisión final recaerá sobre la Generalitat, que valorará los informes de todos los municipios implicados y otros organismos como el Área Metropolitana y la Diputación de Barcelona. La decisión se espera que se tome antes del verano.
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