El próximo verano de 2026 se prevé como el momento clave para resolver el futuro administrativo de Bellaterra, una pequeña población de poco más de 3.000 habitantes que actualmente depende legalmente de Cerdanyola del Vallès. El consistorio de Cerdanyola, obligado por sentencias judiciales firmes, debe incorporar los informes técnicos de todas las administraciones implicadas –incluyendo la EMD y el Ayuntamiento de Sant Cugat– en el expediente iniciado en 2019.
Una vez Cerdanyola remita el expediente, la Generalitat dispondrá de un plazo aproximado de seis meses para tomar una decisión final sobre si Bellaterra se integra en Sant Cugat o se mantiene dentro de Cerdanyola. El Ayuntamiento de Sant Cugat ya ha aprobado un informe que ve “viable” la integración, aunque cuestiona el futuro papel de la EMD una vez producida la anexión. Este proceso ha generado tensiones internas en la EMD de Bellaterra, donde el gobierno de Josep Maria Riba (Bellaterra Endavant) rechazó una comisión plural de la oposición en el pleno extraordinario del 15 de diciembre.
“"no nos hemos encontrado a ningún representante público institucional que de razones evidentes por las que hay que hacer la segregación."
El conflicto territorial se remonta a hace más de tres décadas, con un primer intento formal de independencia en 1992 que no prosperó. Tras una consulta ciudadana en septiembre de 2015, el Parlament rechazó crear un nuevo municipio. El camino actual se inició en 2019, cuando la Comisión Bellaterra Es Sant Cugat presentó formalmente la iniciativa de anexión con el apoyo del 61% del censo, un mandato ciudadano que ahora llega a su resolución.
