Las instituciones locales, con el apoyo de la Diputación de Girona, exigen un cambio en la Ley de Minas de 1973. Esta normativa actual permite tratar el agua de los acuíferos profundos como un recurso mineral, facilitando concesiones casi indefinidas a las empresas embotelladoras sin un control público estricto.
“"Así se fortalecería la protección de los ecosistemas, se aseguraría el suministro de los pueblos de la zona y se preservaría el caudal de las fuentes y los ríos."
La moción insta al Parlament de Catalunya a promover la modificación de la ley en el Congreso de los Diputados. El objetivo es que la gestión del agua pase a manos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Generalitat, priorizando el consumo humano.
Según datos recientes, las empresas embotelladoras facturaron 1.154 millones de euros durante los últimos cuatro años de sequía. En 2024, la extracción alcanzó los 1,9 millones de metros cúbicos, la cifra más alta de la última década en el Montseny.
