La Fiscalía pide 33 años de prisión para los dos principales investigados por asesinato, detención ilegal y delito contra la integridad moral, mientras que la acusación particular eleva la petición a 34 años. Los otros tres acusados se enfrentan a penas de entre seis meses y tres años por encubrimiento.

Según el relato de las acusaciones, la víctima fue atada, golpeada y sometida a descargas eléctricas utilizando un palo con un cable pelado, antes de ser degollada con un "objeto incisivo y cortante". Posteriormente, el cuerpo fue enterrado en la planta baja de un inmueble ruinoso de la calle de l'Església de Valls, un punto habitual de venta de drogas.

Durante la primera sesión, uno de los letrados defensores ha cambiado la estrategia inicial, negando que su cliente hubiera culpabilizado al otro investigado y asegurando que "no sabe quién lo mató". Las defensas solicitan la absolución de las cinco personas, argumentando la falta de pruebas directas.