La Ley de Barrios es una política central del proyecto de Salvador Illa, con el objetivo de invertir 1.000 millones de euros en cinco años para recuperar más de un centenar de zonas degradadas en Cataluña, como el barrio del Culubret en Figueres o Cerdanyola en Mataró.
La decisión de aumentar los fondos en 35 millones se debe a la elevada demanda, ya que 83 municipios optaron a la subvención, una cifra cuatro veces superior a la capacidad inicial de 200 millones. Esta ampliación permitirá que la subvención llegue a una veintena de localidades que presentaban proyectos “muy potentes”, según fuentes del Ejecutivo.
El objetivo de esta inyección de recursos es mejorar las condiciones físicas, ambientales y sociales en zonas que sufren un deterioro que repercute en las vidas de sus vecinos.
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, liderada por Sílvia Paneque, y el comisionado de barrios, dirigido por Carles Martí, han gestionado la selección aplicando criterios de equilibrio territorial e indicadores de vulnerabilidad. Los ayuntamientos no seleccionados podrán presentarse a la segunda tanda, prevista para 2026.
El Govern se compromete a garantizar los recursos necesarios para la continuidad del proyecto, incluso si no se consiguen aprobar nuevos presupuestos para 2026. Esta política es vista por el presidente Illa como una herramienta clave para frenar el ascenso de la extrema derecha, reforzando el sentimiento de pertenencia y las expectativas de progreso en los barrios más vulnerables.
