El alcalde Jordi Masquef calificó el edificio inacabado como un “foco de problemas” en la zona, donde se han registrado tránsito de personas, ocupaciones, disturbios y tráfico de drogas durante años. Para paliar esta situación, el consistorio se plantea derribar los muros existentes, quitar la escalera de acceso al primer piso y tapiar el suelo para evitar el acceso al sótano.
“"La entidad bancaria nos está ayudando a encontrar a quién pertenece el resto [de la propiedad]."
Estas acciones se justifican por motivos de seguridad, ya que el Ayuntamiento no puede derribar la estructura completamente porque pertenece a varios propietarios. Solo se tiene la certeza de que el 17% de la estructura pertenece al Obispado de Girona, según se informó en el último pleno municipal.
El concejal del PSC, Pere Casellas, señaló que el Obispado, como propietario conocido, tendría la responsabilidad de manera subsidiaria. Casellas y Xavier Amiel (ERC) recordaron las quejas vecinales vividas en el anterior mandato. En 2022, el Ayuntamiento ya tapió la estructura con un muro perimetral que, posteriormente, ha sido destruido.
En el mismo pleno, Masquef desmintió que las casas del conjunto urbanístico de la Marca de l'Ham hubieran pasado a manos de la Sareb, tal como se había publicado, y confirmó que todavía pertenecen a “sociedades extintas”. También se abordó el riesgo de inundabilidad de la zona, un tema planteado por el concejal Amiel.
