Las ordenanzas fiscales pactadas entre el Equipo de Gobierno y la CUP para los ejercicios 2024-2025 y 2025-2026 han permitido iniciar 160 expedientes. Estos expedientes se aplican a quienes poseen más de cuatro inmuebles en la ciudad y los mantienen desocupados durante más de dos años.
De los expedientes iniciados, 90 se dirigen a grandes empresas propietarias, incluyendo la SAREB, fondos de inversión y bancos, mientras que los 70 restantes afectan a personas físicas, algunas de las cuales poseen varias decenas de viviendas en Vilafranca.
Este proceso sancionador y fiscal ha tenido un impacto directo en el mercado, ya que 34 viviendas que se mantenían desocupadas han sido reincorporadas. Concretamente, 20 se han destinado al alquiler, 11 se han vendido y 3 están actualmente en proceso de rehabilitación para su futura puesta en uso.
Los 'cupaires' reafirman la voluntad de que estos fondos se destinen a la compra de viviendas para servicios sociales, para atender a los colectivos más vulnerables.
La recaudación inicial se sitúa alrededor de los 60.000 euros, con una previsión de incremento de entre el 10% y el 15% para el presente ejercicio. La CUP también ha impulsado iniciativas para fomentar la vivienda asequible en barrios que requieren atención prioritaria, como el barrio de L'Espirall, y la ampliación del parque de vivienda social municipal.
