El edil afirmó que, si bien la ocupación "no debe ser nunca una vía de acceso a la vivienda", criticó duramente al fondo de inversión propietario por haber "desatendido sus responsabilidades" durante años. Subrayó que el desalojo no resolvía el problema de ocupación en toda la finca, donde residen familias vulnerables con menores.
“"No se debería haber esperado a última hora de hoy, lo único que ha hecho es generar una angustia innecesaria a las personas vulnerables."
Aloy lamentó la situación "kafkiana" de intentar ejecutar el lanzamiento a pesar del interés de la Agencia de la Vivienda de la Generalitat y una fundación social por adquirir el inmueble. Acusó al fondo de inversión de "especular" con el precio de venta.
El consistorio detalló que el precio de venta pasó de 450.000 euros a 650.000 euros cuando se ejerció el derecho de tanteo. El alcalde calificó este hecho como "un caso claro de especulación terrible por parte de un gran tenedor" y aseguró que se sentían "estafados" por el incumplimiento de un compromiso de detener el desahucio.
El desalojo, previsto para el lunes 9 de febrero de 2026, se detuvo tras una amplia movilización ciudadana con más de 300 personas. Aloy también criticó el amplio despliegue policial, con una veintena de furgonetas del ARRO, que "al final no ha servido absolutamente para nada".
