El edificio, propiedad del fondo de inversión Cerberus, alberga a ocho familias, incluidos menores. La orden de lanzamiento estaba prevista para este lunes, pero la concentración de cerca de 200 personas en la entrada, organizada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Capitalismo (PAHC) del Bages, logró evitar el avance de la comitiva judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado que la suspensión es indefinida a petición de la propiedad.
“"Somos familias muy luchadoras, necesitamos un alquiler social porque hoy en día este bloque nos pertenece."
El alcalde de Manresa, Marc Aloy, se había opuesto frontalmente al desahucio, aunque remarcó que la ocupación “no debe ser nunca una vía de acceso a la vivienda”. Aloy criticó duramente al fondo Cerberus por haber “desatendido las responsabilidades” en la finca durante años y por su actitud especulativa.
“"Es un caso claro de especulación terrible por parte de un gran tenedor."
El consistorio intentó resolver la situación ofreciendo un alquiler social a la familia afectada, Yuli, y solicitó la suspensión del desahucio el 4 de febrero. Sin embargo, la jueza de Manresa desestimó inicialmente la petición, argumentando que el informe de los servicios sociales no acreditaba la vulnerabilidad de la residente.
Aloy también lamentó que la propiedad hubiera incumplido un compromiso inicial de vender el edificio por 450.000 euros, incrementando posteriormente el precio en 200.000 euros. Además, señaló que la Agencia de la Vivienda de la Generalitat y una fundación social están interesadas en adquirir el inmueble.
