Según un informe de la Comisión Permanente analizado este jueves, la nueva organización judicial ha generado disfunciones puntuales. Mientras que en Madrid se temen suspensiones futuras, en Reus el problema ya es tangible debido a la escasez de personal administrativo para gestionar los expedientes.

El documento subraya que, aunque no hay una demora generalizada, la transición desde el modelo de juez titular hacia los tribunales agrupados presenta retos técnicos. Entre ellos destacan los fallos informáticos y la dificultad de trabajar con equipos de funcionarios flotantes en sedes dispersas.

En paralelo, el CGPJ ha dado el visto bueno al plan de Félix Bolaños para convocar 500 plazas de juez, aunque solicita ajustes basados en los datos de inspección para cubrir las vacantes donde la carga de trabajo es más crítica.