Representantes del COREMBE, Consol Cordero y Josep Otero, han denunciado una "falta de rigor institucional" en las declaraciones sobre la resolución judicial del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Tarragona, que supuestamente avalaría la licencia de obras para retirar el monumento. Cordero ha aclarado que el auto judicial "únicamente acuerda levantar la suspensión y continuar el procedimiento ordinario", sin entrar a valorar el fondo del asunto ni declarar la licencia como ajustada a derecho.

La entidad rechaza la idea de que el levantamiento de medidas cautelares sea una "victoria judicial" o una "validación plena de la licencia", considerando que "es una manera de inducir a la ciudadanía a confusión" ya que "en estos momentos, el juzgado de Tarragona no ha dado la razón a nadie". COREMBE ha intentado abrir nuevas vías judiciales y estudia si la ley de memoria democrática catalana puede amparar la situación del monumento, citando la posibilidad de que "hay monumentos, aunque sea patrimonio incómodo, que por su monumentalidad no se pueden quitar", citando como ejemplo el caso del Valle de los Caídos.

Josep Otero ha reivindicado el resultado de la consulta ciudadana de 2016, pidiendo al Ayuntamiento de Tortosa que "deje de actuar como si aquella consulta no hubiera existido". COREMBE reclama "rigor histórico y un proceso de reinterpretación liderado por historiadores, artistas y expertos en memoria democrática y no por intereses partidistas", alineándose con la voluntad popular votada hace diez años.

Por su parte, la Comisión para la retirada de los símbolos franquistas de Tortosa ha celebrado el levantamiento de las medidas cautelares, reclamando "celeridad" al Ayuntamiento y a la Generalitat para ejecutar la retirada del monumento. Subrayan la importancia de eliminar la simbología que reivindica regímenes dictatoriales en el contexto actual.

Fuentes de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática confían en que la nueva ley de memoria democrática, impulsada por el Govern, permitirá abordar la gestión del monumento. Señalan que, con la decisión judicial de levantar las cautelares, "ya no hay impedimentos ni otras causas abiertas que impidan resolver el fondo del asunto". El conseller Ramon Espadaler ha comunicado a la alcaldesa de Tortosa la voluntad del departamento de trabajar alineados con el consistorio.