La portavoz de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha destacado que, gracias a las alegaciones presentadas por su grupo, se ha eliminado un requisito inicial que denegaba la ayuda a las personas que no estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias. Esta modificación es crucial, ya que, según Roigé, el requisito original perjudicaba directamente a las familias más vulnerables de la ciudad.
“"Es incoherente establecer una ayuda de urgencia social para las familias que no tienen recursos para pagar los impuestos, pero denegarles la ayuda si no han podido pagar los impuestos. Sin nuestra modificación en las bases de ayudas muchas familias vulnerables para las que está pensada esta ayuda no la hubieran podido solicitar."
A pesar de esta mejora, Roigé ha reiterado la crítica de su grupo a la subida de impuestos aprobada por el equipo de gobierno, calificándola de “histórica y desmesurada”. Ha insistido en la necesidad de revertir el incremento del IBI, lo que supondría un ahorro anual de entre 95 y 130 euros para los ciudadanos de Tortosa.
La portavoz también ha lamentado que el gobierno municipal desestimara otras propuestas de Junts per Tortosa, como ampliar de 2 a 5 años el requisito de residencia en el municipio para acceder a las ayudas, o incrementar el valor catastral de la vivienda de 25.000 a 30.000 euros. Según Roigé, el actual umbral de 25.000 euros solo beneficia al 11% de las viviendas de Tortosa, una cifra que considera insuficiente para paliar el impacto del incremento del IBI.
Además, Junts per Tortosa ha logrado corregir un “error grave” que limitaba la ayuda a los residentes con otras propiedades en Tortosa (como un aparcamiento o trastero), pero no a aquellos con propiedades en otros municipios. También han reivindicado la reducción de la documentación a presentar, ya que el Ayuntamiento ya dispone de gran parte de la información requerida.
