“"La situación económica y la inflación, que también afecta al sector de la vivienda, lleva a muchas familias a sufrir situaciones de riesgo de exclusión residencial. Con esta línea de ayudas queremos facilitar la permanencia de las familias propietarias de una vivienda en su mismo hogar, y que no tengan que dejarlo por situaciones de dificultad económica."
Tortosa aprueba ayudas de 60.000 euros contra la exclusión residencial
El pleno del Ayuntamiento de Tortosa dará luz verde definitiva a una ordenanza para combatir el riesgo de exclusión residencial con 60.000 euros.
Por Pere Roca Soler
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Fachada del Ayuntamiento de Tortosa bajo la luz del sol
El pleno del Ayuntamiento de Tortosa aprobará el lunes de forma definitiva una ordenanza que establece las bases para la concesión de ayudas no competitivas, destinadas a combatir el riesgo de exclusión residencial.
Esta iniciativa, que surgió de un acuerdo entre el gobierno municipal (formado por Movem Tortosa-PSC y ERC) y el grupo municipal de la CUP, busca apoyar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica debido a la inflación y el aumento de los costes de la vivienda.
La alcaldesa Mar Lleixà ha explicado que la aprobación inicial de la ordenanza se realizó en el pleno ordinario del mes de noviembre, pero el grupo de Junts per Tortosa presentó alegaciones que han sido resueltas. Una vez la aprobación sea definitiva y las bases entren en vigor, se abrirá la convocatoria para acceder a estas ayudas, que disponen de un presupuesto de 60.000 euros para este año.
Esta línea de ayudas anual está diseñada para cubrir gastos asociados a la vivienda habitual, con el objetivo de mitigar el impacto económico en contribuyentes con una situación económica desfavorecida. Las ayudas están dirigidas a personas propietarias de su vivienda habitual que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Para poder acceder a estas ayudas, los solicitantes deberán cumplir varios requisitos, como estar empadronados en el mismo domicilio, ser titulares de un derecho de propiedad de la vivienda habitual con un valor catastral inferior a 25.000 euros, estar al corriente de las obligaciones tributarias y que el conjunto de los ingresos brutos de la unidad familiar no supere las cantidades establecidas en las bases. Además, no podrán ser propietarios de otro inmueble de carácter urbano.



