El documento, presentado este miércoles en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, cuenta con el apoyo de más de 80 municipios. La iniciativa ha sido impulsada por los consistorios afectados junto a la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Se estima que un 10% de la población catalana vive en estos núcleos, construidos mayoritariamente entre los años 60 y 80.
En la comarca, municipios como Torroella de Montgrí, Santa Cristina d'Aro y Begur lideran la protesta. En Begur, la alcaldesa Maite Selva ha señalado que existen 25 núcleos con deficiencias. Aunque se están realizando obras en zonas como Mas Prats, Selva advierte que los propietarios no pueden afrontar los elevados costes de regularización sin ayuda externa.
“"Los ayuntamientos queremos prestar los mismos servicios a todos los barrios y calles de nuestros municipios."
Las carencias incluyen falta de alcantarillado, alumbrado deficiente y problemas de accesibilidad. El manifiesto propone reformar la Ley de Urbanismo y crear un fondo económico para cofinanciar las actuaciones. Según datos de 2016, el Baix Empordà contaba con 62 urbanizaciones pendientes de regularizar.
