Esta decisión del TSJC ratifica la sentencia previa del juzgado contencioso administrativo número 1 de Girona, que ya había anulado las contribuciones especiales que el consistorio pretendía cobrar a los residentes. El Ayuntamiento de Palamós, representado por el abogado Sebastià Martínez de Trincheria, había apelado la decisión, argumentando que el proyecto era "esencial" para el sector de la Fosca y que buscaba una mejora integral de los espacios y servicios.

El conflicto se originó por la intención municipal de financiar las obras, presupuestadas en 3,8 millones de euros, haciendo que una parte significativa de los vecinos asumiera el 90% del coste. El consistorio defendía este porcentaje basándose en que los propietarios serían los principales beneficiarios de la actuación, un modelo que ya se había aplicado en la primera fase en el año 2003.

Sin embargo, el TSJC ha considerado que el Ayuntamiento no justificó adecuadamente ni el reparto de los costes ni el beneficio especial para los propietarios. La sentencia subraya que las obras no solo benefician a los residentes de la zona, sino también al conjunto del municipio, rechazando así el sistema de financiación propuesto. Además, el tribunal ha cuestionado la inclusión de parte de los costes de expropiación en el cálculo y ha impuesto al Ayuntamiento las costas del procedimiento, con un límite de 2.000 euros.

El proyecto de la segunda fase de las obras se aprobó en el verano de 2022, con previsión de inicio al año siguiente, pero los trámites han quedado paralizados. La actuación afecta la zona delimitada por la carretera de la Fosca, el camino del cementerio de Sant Joan, el camino viejo de la Fosca y la calle de la Iglesia. La sentencia de primera instancia se conoció en agosto del año pasado, a raíz de un recurso presentado por tres vecinos, que esperaban una negociación con el consistorio, la cual no se produjo.