La resolución judicial da la razón parcialmente a la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA). El tribunal considera que el consistorio no actuó correctamente ante la degradación de la colonia, donde se detectó una falta de esterilización y atención veterinaria.
El fallo obliga a la administración local a abrir un periodo de información para identificar a los posibles responsables y aplicar las sanciones administrativas correspondientes, independientemente de que el caso fuera comunicado previamente a la Fiscalía.
“"Haremos lo que diga el juez, la resolución dice por qué se tardó o si se podía hacer mejor."
El alcalde ha confirmado que el ayuntamiento acatará la sentencia, aunque sostiene que la problemática ya se resolvió anteriormente. La gestión de estas colonias es una competencia municipal bajo la Ley 7/2023 de bienestar animal.
