La sentencia estima parcialmente el recurso de la fundación FAADA y obliga al consistorio a abrir un periodo de información previa. El objetivo es aclarar los hechos e identificar a los posibles responsables para iniciar el correspondiente procedimiento sancionador por la falta de gestión de los animales.
Los activistas denunciaron una disminución drástica de animales con indicios de envenenamiento. El juzgado recuerda que, según la Ley 7/2023 y el Decreto legislativo 2/2008 de Cataluña, la gestión de estas colonias es una competencia municipal que no puede eludirse aunque el caso se haya comunicado a la Fiscalía.
“"Haremos lo que diga el juez, la resolución dice por qué se tardó o si se podía hacer mejor."
El alcalde Kenneth Martínez ha anunciado que acatarán la resolución y abrirán un expediente informativo, aunque sostiene que el conflicto ya se ha solucionado con el tiempo.
