Esta modificación, presentada por el presidente de la Generalitat y la consejera de Territorio el 20 de abril, responde a una demanda histórica de los ayuntamientos. Hasta ahora, la normativa exigía la regularización en bloque de todas las infraestructuras, lo que había paralizado muchos procesos durante décadas.
“"La legislación anterior las ha mantenido décadas atrapadas en el todo o nada."
La nueva aproximación permitirá a los consistorios legalizar los servicios de manera individualizada, como el suministro de agua o el alumbrado, sin tener que esperar a tener todos los proyectos financiados y ejecutados. Esta flexibilidad es vista como una solución clave para un problema que afecta a muchos municipios catalanes.
El presidente de la Generalitat ha subrayado la importancia de esta medida, criticando la rigidez de la legislación previa. Ha destacado su interés personal en la cuestión, fruto de su experiencia municipalista. El Govern reconoce que la solución definitiva no será inmediata, pero insiste en la necesidad de abordar el problema de manera frontal.
“"Cuando es o todo o nada, acostumbra a ser nada."
Uno de los aspectos que más preocupa es el saneamiento, especialmente en los municipios pequeños, debido al elevado coste de estas infraestructuras. El Govern se compromete a trabajar con los ayuntamientos para explorar sistemas autónomos y homologados. Además, se prevé un convenio entre el Departamento de Territorio y el Institut Català de Finances (ICF) para facilitar la financiación necesaria.
Varios alcaldes han expresado su satisfacción con la iniciativa, aunque con la cautela propia de un problema que se arrastra desde hace décadas. Un alcalde de la comarca del Maresme, precursor de la reclamación municipalista, ha celebrado la priorización de estas urbanizaciones, esperando que la medida se traduzca en soluciones reales.
