La situación se produce en el edificio de la calle Tarragona 84, que se convirtió en un símbolo de la grieta legal abierta por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2019. Esta decisión obligó al Ayuntamiento de Barcelona a aceptar cerca de un millar de licencias turísticas que se creían detenidas.
“"Primero conseguimos detener 78 licencias. Ahora hemos conseguido prorrogar 10 contratos 3 años y, por lo tanto, evitar que las familias tengan que irse. Pero no nos detendremos aquí: lucharemos para sacar todos los pisos del mercado turístico, recuperar su uso residencial y garantizar que todas las vecinas se queden en casa."
El acuerdo, cerrado con la ayuda del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), supone un cambio de tendencia en un bloque donde hasta ahora no se habían podido cerrar acuerdos para conservar a los vecinos. Anteriormente, ya se había logrado impedir la concesión de 78 de las 120 licencias turísticas solicitadas por la propiedad.
Desde el Ayuntamiento, el cuarto teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, ha valorado el desenlace como una prueba de que las políticas municipales están surtiendo efecto. Valls mencionó la voluntad de extinguir todas las licencias turísticas en 2028 y la regulación del alquiler de temporada como factores clave que hacen que los inversores analicen sus modelos de negocio de forma "más cuidadosa".
“"Quien quiera venir a la ciudad a hacer una modificación de un bloque de pisos para obtener rentabilidades del 22% y no tener en consideración a los vecinos que están, no son bienvenidos."
