La red criminal utilizaba empresas pantalla para engañar a personas vulnerables, haciéndoles creer que firmaban préstamos cuando en realidad entregaban sus propiedades. El notario Enrique Peña ha admitido su rol en la trama, lo que conlleva la pérdida de su plaza profesional tras confesar delitos de estafa, blanqueo y falsificación.
“"Todos los acusados reconocen los hechos punibles que se les atribuyen y con la finalidad de reparar los perjuicios generados a las víctimas, solicitan que se declare con carácter general la nulidad de todos los procesos descritos."
Las condenas incluyen cuatro años y siete mesos de cárcel para el abogado Francisco Comitre. El notario Enrique Peña ha aceptado tres años y dos meses de prisión, aunque no ingresará en la cárcel. El caso se cierra penalmente diez años después de su estallido, dejando pendiente la resolución de las indemnizaciones económicas.
