Los encausados se enfrentan a acusaciones de coacciones y delitos contra las libertades fundamentales, en un proceso judicial que se espera que se extienda durante quince días. La protesta tuvo lugar en un contexto de tensión política, durante la ola represiva contra el independentismo.
En febrero de 2025, los 18 independentistas vieron denegada su solicitud de amnistía. Esta decisión fue tomada por el magistrado del juzgado penal número 19 de Barcelona, después de recibir un informe desfavorable por parte de la fiscalía.
“"La entidad españolista, Mossos y fiscalía olvidan que entre los gritos, insultos y reproches también participaron los asistentes al acto y que este, finalmente, se suspendió por órdenes del Gabinete del Rectorado. Un juicio por el cual ningún españolista se sentará en el banquillo de los acusados. Solo son los independentistas."
La organización Alerta Solidària, encargada de la defensa de los manifestantes, ha convocado una concentración de apoyo a los encausados en el exterior de la Ciutat de la Justícia. Los 18 acusados podrían ser condenados a penas de dos años y medio de prisión, una multa de 6.500 euros, una orden de alejamiento de 1.000 metros durante tres años respecto a cualquier acto de Societat Civil Catalana, y el pago de 726 euros por el alquiler de la sala de la Universidad.
