El principal responsable de la trama, Francesc Comitre, ha pactado una condena de cuatro años y siete meses de cárcel. Por su parte, el notario Enrique Peña ha aceptado tres años y dos meses, además de la inhabilitación permanente para ejercer. Ambos han admitido delitos de estafa, falsedad, blanqueo y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015.

La red captaba a personas vulnerables con deudas y les ofrecía préstamos que, en realidad, ocultaban la venta de sus viviendas por precios irrisorios. El papel del notario fue fundamental para dar apariencia de legalidad a estas operaciones fraudulentas que afectaron a decenas de localidades de la provincia de Barcelona.

Aunque las penas de cárcel ya están pactadas, el juicio seguirá para decidir las indemnizaciones. También se ha solicitado la nulidad de las escrituras firmadas bajo engaño para que las víctimas puedan recuperar sus propiedades, un proceso complejo ya que algunas viviendas fueron revendidas a terceros de buena fe.