Escondido entre fábricas y almacenes en la Zona Franca, el CIE de Barcelona es un espacio donde personas sin documentación son retenidas hasta 60 días antes de ser expulsadas. Según una educadora social, las condiciones son "muy duras" para individuos que, en su mayoría, no han sido condenados por ningún delito. El año pasado, solo el 7% de los internos habían sido condenados, evidenciando que la mayoría se encuentran allí por su situación administrativa.

El centro mantiene un régimen de encierro estricto y el acceso a periodistas está vetado, a diferencia de las prisiones. Esta opacidad dificulta conocer la realidad interna, aunque entidades sociales y testimonios han permitido reconstruir el día a día. Las cifras de internamiento son significativas: 401 personas pasaron por el centro en 2024, 592 en 2023 y 482 en 2022. A pesar de la anunciada regularización de medio millón de inmigrantes, se espera que la situación en el CIE se mantenga inalterada.

Las instalaciones incluyen una sala de espera para familiares, mayoritariamente mujeres e hijos, y una sala de visitas pequeña. En diciembre de 2024, juezas de control pidieron al director del centro que garantizara la intimidad y confidencialidad durante las visitas, pero no se han observado cambios relevantes. Una vez dentro, la vida se organiza con horarios rígidos, dormitorios cerrados y vigilancia constante, a pesar de que el reglamento los define como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario".

Entre las quejas más recurrentes se encuentra la escasez y la mala calidad de las comidas, según el colectivo Irídia. Además, se han documentado incidentes de maltrato por parte de agentes. En 2024 se presentaron 358 quejas en todo el Estado, 78 de las cuales correspondían al CIE de Barcelona. Expertos señalan que la gestión policial no es la adecuada para este tipo de centros, ya que su función debería ser la custodia y seguridad, no la gestión de servicios básicos.

Las celdas, con capacidad para cuatro o seis personas, disponen de literas, una ventana y un grifo, pero algunos internos reportan malos olores. Las celdas de aislamiento, de solo cinco metros cuadrados con una cama de hormigón, son especialmente preocupantes. Se utilizan sin decisión judicial y sus condiciones no cumplen los estándares internacionales de derechos humanos, con riesgo para la salud física y mental de los internos. Durante la pandemia, estas celdas se usaron para aislar positivos de COVID-19 durante semanas.

Los testimonios de antiguos internos revelan la dureza de la experiencia. Uno de ellos, que pasó 40 días encerrado, recuerda un incidente con un agente que lo increpó. Otro, que estuvo en el CIE en 2012, explica la falta de inodoros en las habitaciones en aquella época y la indiferencia policial ante las necesidades básicas. Un interno fue agredido por un policía el 22 de marzo de 2025, hecho que derivó en una huelga de hambre y posterior expulsión sin que su denuncia fuera atendida.

La mayoría de las personas internadas en el CIE acaban en libertad. En 2024, solo el 37% de las expulsiones se ejecutaron, mientras que el 63% restante fueron liberadas. Sin embargo, esta libertad a menudo se traduce en una situación de vulnerabilidad, con muchos ex-internos terminando en la calle. Un estudio de la entidad Arrels de 2023 indica que el 74% de las personas sin hogar son inmigrantes.

El caso de un interno que fue agredido por un policía en diciembre de 2019 y posteriormente deportado sin que su denuncia fuera investigada, ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este caso, presentado por el abogado Ton Mansilla del colectivo Irídia, busca denunciar un "patrón estructural de impunidad" en los CIE, donde las pruebas a menudo desaparecen y los denunciantes son expulsados antes de poder declarar.