El objetivo principal de estas medidas es defender los derechos e intereses de la Generalitat, así como garantizar la protección y la asistencia jurídica de su personal que haya resultado afectado por incidentes durante el ejercicio de sus funciones.
Esta iniciativa se enmarca en la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya. Dicha ley prevé que los abogados de la Generalitat puedan actuar como acusación particular en causas criminales donde la Generalitat sea perjudicada, ejerciendo las acciones penales y civiles correspondientes.
Además, se prevé la posibilidad de ejercer la acusación popular cuando concurran las causas legalmente establecidas. Para hacerlo efectivo, el Govern ha encomendado al Gabinete Jurídico de la Generalitat que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias, siguiendo los requisitos y autorizaciones marcados por la normativa vigente.
