La consejera de Economía y Finanzas y el director general de ERC han sido los encargados de detallar esta iniciativa, que se debatirá el próximo 28 de abril en el Congreso de los Diputados, una vez que la proposición de ley de los republicanos haya sido aceptada. La propuesta, fruto de un acuerdo entre el Govern y ERC, prevé que el consorcio disponga de una sociedad mercantil con capacidad para licitar y adjudicar obras, además de redactar planes plurianuales y establecer medidas correctoras si no se alcanza el 95% de ejecución de los proyectos presupuestados.

La presentación se ha llevado a cabo en la sede del Cercle d'Economia en Barcelona, con la presencia de varios cargos del Govern, de ERC, del PSC y representantes del tejido económico. Esta iniciativa se enmarca dentro de los compromisos del acuerdo de investidura entre el PSC y los republicanos, que contemplaba la creación de un órgano paritario entre el estado y la Generalitat para gestionar las inversiones estatales en el territorio catalán.

El director general de ERC ha ejemplificado el déficit actual en infraestructuras con la baja ejecución de los planes de inversión de Rodalies entre el 2000 y el 2020, que fue inferior al 10%. También ha mencionado la falta de construcción de proyectos estratégicos como el eje transversal ferroviario y la línea orbital ferroviaria, cuyos planes urbanísticos están aprobados desde el 2010.

Para garantizar un cambio en esta tendencia, el consorcio prevé que su sociedad mercantil se encargue de elaborar planes plurianuales de inversiones que priorizarán las obras más necesarias. Así, una vez que el gobierno español asigne la partida presupuestaria para Cataluña, será esta sociedad empresarial quien gestionará los fondos para la licitación y adjudicación de las obras.

A pesar de todo, el proyecto requiere una "reserva legal" para que el estado pueda formar parte, un requisito que necesita la validación del pleno del Congreso. Sin garantías del éxito de la medida, los republicanos tienen previsto presentar la propuesta esta semana al resto de fuerzas políticas para facilitar el inicio de la tramitación parlamentaria. Si supera el primer debate del 28 de abril, la proposición de ley entrará en un período de enmiendas antes de recibir el visto bueno definitivo, y el consorcio podría estar operativo en un plazo de tres o cuatro meses.