El dispositivo se enmarcó dentro del Plan Nautilus, una iniciativa destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa en este tipo de establecimientos y prevenir el tráfico ilícito. Esta actuación conjunta y coordinada permitió desplegar controles simultáneos en los tres establecimientos de L'Hospitalet de Llobregat.
A raíz de las inspecciones, se incoaron diversas denuncias por diferentes motivos, incluyendo la falta de licencia de actividad y la no comunicación de la gestión de residuos, además de otros incumplimientos legales detectados.
El hallazgo más significativo fue la inmovilización de más de 1.000 kilogramos de cable de cobre. Este material fue confiscado debido a su origen desconocido, un hecho que apunta a la posible procedencia de robos, especialmente de infraestructuras públicas.
