La muestra, que se puede visitar en el Casal Popular de la Creu Alta, el Tallaret, recoge las reivindicaciones de las madres afectadas por la desaparición forzada de sus hijos en toda España. Esta práctica se extendió desde el franquismo hasta bien entrados los años 90, afectando a cientos de familias. El acto inaugural incluyó la proyección del cortometraje ¿Y si mi bebé no murió?, que ilustra la problemática.

La exposición se basa en testimonios en primera persona, mostrando las historias de vida y la lucha incansable de las familias, especialmente de las madres, para obtener verdad y justicia. La entidad SOS Bebés Robados Catalunya es la protagonista de la muestra, a través de entrevistas a las mujeres afectadas, que fueron la base para el cortometraje y un documento asociado.

Entre los casos destacados se encuentra el de una madre a quien le comunicaron la muerte de sus hijas gemelas en el parto en diciembre de 1980 en La Maternitat de Barcelona, sin permitirle ver los cuerpos. Otro caso es el de una mujer que aún busca a su hijo desaparecido en la Aliança de Mataró en 1974, o el de otra que busca a su hija desaparecida al nacer en el Vall d'Hebron en el año 1981. También se presentan historias de bebés sustraídos en el Clínic de Barcelona en 1960 y en la clínica Nostra Senyora de Lourdes de Gràcia en 1964, así como el caso más tardío registrado en el Vall d'Hebron en 1987.

La desaparición forzada de menores adquirió una relevancia particular en España a partir de 1938, durante el régimen franquista, como método de represión sistemática. Las mujeres republicanas eran separadas de sus hijos menores de tres años, que a menudo eran entregados a familias afines al régimen, con la colaboración de la jerarquía católica. A partir de los años 50, la práctica continuó, afectando a mujeres de bajos recursos, madres solteras o víctimas de violencia, bajo el pretexto de 'niños muertos' que en realidad eran sustraídos por una red de adopciones irregulares.

A pesar de la muerte del dictador en 1975 y la aprobación de la Constitución de 1978, estas desapariciones persistieron hasta los años 90. En el siglo XXI, las familias afectadas se organizaron para reclamar justicia. En Cataluña, se aprobó la Ley 16/2020 para la desaparición forzada de menores, que preveía la creación de una base de datos de ADN y una oficina de atención. Sin embargo, la ley permanece sin aplicarse por falta de presupuestos, una situación reconocida por un consejero de Justicia el verano pasado, que admitió la inacción durante cinco años.