Los hechos ocurrieron durante una consulta del profesor Gerard Insa en Esplugues de Llobregat. La entidad Acció Cassandra denunció que la doctora exigió al paciente expresarse en castellano. Sin embargo, el fiscal Antonio Vicén Banzo sostiene que la petición de la facultativa fue 'razonable' para evitar errores en el diagnóstico y tratamiento médico.
“"Es muy importante, tratándose de la salud de los ciudadanos, que se utilice una lengua conocida suficientemente por el paciente y la médico para evitar diagnósticos y terapias incorrectos."
La defensa ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona, criticando la falta de motivación del auto de archivo. Los letrados consideran que existen indicios de un delito de odio y una vulneración de derechos fundamentales, por lo que exigen que se practiquen las diligencias de investigación básicas antes de cerrar la causa.
