El conflicto se originó cuando el hombre, de 71 años, estacionó su vehículo en una zona habilitada para personas con movilidad reducida. A pesar de disponer de la acreditación oficial, la tarjeta cayó accidentalmente al suelo del coche mientras el usuario descargaba la silla de ruedas del maletero, hecho que provocó que los agentes municipales no la vieran y procedieran a sancionarle y retirar el vehículo con la grúa.
El ciudadano tuvo que abonar 173 euros para recuperar el coche del depósito municipal y, posteriormente, recibió una multa de 200 euros. A pesar de presentar las alegaciones pertinentes y aportar la documentación que demostraba la validez de su permiso, el Institut Municipal d'Hisenda mantuvo la sanción, sumando un coste total de 373 euros para el afectado.
La Sindicatura pide al consistorio que las cuestiones de la ciudadanía se traten de manera imparcial, equitativa y atendiendo a las circunstancias personales de cada caso.
La institución defensora de los derechos ciudadanos considera que, una vez demostrada la buena fe del usuario y la vigencia de la tarjeta, la administración debería aplicar los principios de proporcionalidad. El objetivo de la petición es garantizar una gestión más humana y coherente que tenga en cuenta las situaciones particulares de los ciudadanos en la aplicación de las normativas de tráfico.
