El documento, elaborado por los catedráticos José Esteve Pardo y Marc Tarrés, sostiene que la normativa catalana incurre en ilegalidades ya tumbadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según los expertos, el texto intenta blindar un modelo de monopolio para el taxi.

El informe critica la definición del taxi como servicio de interés económico general y denuncia que se mantiene un sistema de transmisión de licencias que fomenta la especulación. Además, advierten del impacto ambiental de obligar a los vehículos a regresar a la base vacíos.

Finalmente, las empresas alertan de la inseguridad jurídica. Si los tribunales anulan la ley, la administración podría enfrentarse a reclamaciones millonarias por responsabilidad patrimonial.