La situación en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, se ha vuelto a encender con la reocupación de dos de las tres viviendas públicas que habían sido tapiadas la semana pasada. Estos pisos forman parte de un conjunto de 58 viviendas ocupadas desde 2017, las cuales están sufriendo un macrodesahucio por fases.
Según explican algunos de los residentes, uno de los pisos fue reocupado el pasado jueves y otro el sábado. Fuentes de una de las instituciones implicadas en el Consorci de La Mina han confirmado estos hechos, y los Mossos d’Esquadra han informado de una nueva ocupación el sábado por la tarde. Las dos madres solteras con hijos menores que fueron desalojadas el jueves han vuelto a instalarse en estos inmuebles, argumentando que los albergues ofrecidos no son espacios seguros para sus hijos.
Las medidas de seguridad implementadas, como puertas antiocupación y vigilantes privados, no han logrado evitar que los ocupantes recuperaran el control de los pisos. Uno de los vecinos explica que los vigilantes se marcharon sin incidentes y que pudieron acceder a los pisos con relativa facilidad. Posteriormente, agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policia Local de Sant Adrià acudieron al lugar, donde los ocupantes pidieron una mesa de negociación con la administración para regularizar su situación.
Los ocupantes han pedido que se frene el ritmo de los desahucios previstos hasta finales de año, advirtiendo que si no se ofrecen soluciones "iremos a una guerra". También han prometido no reocupar el último piso tapiado este jueves. La semana pasada, durante una intervención policial, se lanzaron piedras y huevos contra la sede del Consorci de La Mina, que denunció las ocupaciones hace nueve años.
El Departament de Drets Socials y el Ayuntamiento de Sant Adrià han indicado que los pisos recuperados se ofrecerán a vecinos del bloque de la calle Venus, pendiente de demolición. También aseguran que los casos con ingresos insuficientes se derivarán a la mesa de emergencia para estudiar ayudas de vivienda asequible. No obstante, algunas fuentes apuntan a que hay casos que no cumplen los requisitos de vulnerabilidad.
Instituciones del Consorci de La Mina han denunciado supuestas reventas y realquileres ilegales de los pisos ocupados. Los ocupantes, por su parte, proponen ofrecer alquiler social a los vulnerables y ayudar a identificar a aquellos que se aprovechan de la situación. Preveén que la situación se mantendrá como un "juego del gato y el ratón" mientras continúen los desahucios.
