Hace 50 años, poco más de seis meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, el gobierno que pretendía dar continuidad al régimen inició los primeros pasos para equilibrar la presión social con la voluntad aperturista de algunos tecnócratas. Este era un entorno complejo, marcado por la resistencia del estado profundo, el apoyo de la extrema derecha y una grave crisis económica que disparaba los precios y alimentaba las protestas diarias en todo el territorio, incluyendo manifestaciones por la amnistía, la libertad y, en Cataluña, el Estatut d'Autonomia.
El gobierno de Arias Navarro veía cómo se le escapaba el control. En junio de 1976, mientras el ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, presentaba la Ley del Derecho de Asociación Política, la situación era crítica. Los días 8 y 9 de junio de 1976, las Cortes debatieron esta ley. La precariedad política obligó a los aperturistas a presentar un texto que hablara de asociaciones en lugar de partidos, justificándolo con los principios fundamentales de Franco. El rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez lograron convencer a la mayoría de los procuradores para abrirse al pluralismo, poniendo fin al sistema de la "democracia orgánica".
La ley fue aprobada con el voto favorable de todos los procuradores, a pesar de las protestas de algunos sectores de la nomenclatura. Una de las pocas mujeres procuradoras, Mónica Plaza de Prado, señaló que la ley eliminaba el Consejo Nacional del Movimiento. Otros procuradores como Fernández de la Vega o Gías Jové se opusieron, viendo la libertad partidista como un "factor de regresión". Los defensores de la ley argumentaban que respetaba el "ordenamiento constitucional", a pesar de que aún no existía.
Adolfo Suárez defendió el texto, argumentando que era necesario hacer realidad política la pluralidad social existente. Poco después, Suárez sustituyó a Arias Navarro como jefe de gobierno. La ley se publicó en el BOE el 14 de junio de 1976, permitiendo la creación de asociaciones políticas. Los primeros partidos se aprobaron en octubre, incluyendo Convergència Democràtica de Catalunya. Sin embargo, organizaciones clave como la UCD, el PSOE, AP o el PCE no se registraron hasta febrero de 1977, tras una sentencia del Tribunal Supremo que permitió su inclusión.
La legalización del PCE, considerado un enemigo del régimen, se hizo durante la Semana Santa de 1977. Esquerra Republicana de Catalunya, otro partido históricamente opuesto al franquismo, fue uno de los últimos en legalizarse, mientras el gobierno de Suárez negociaba en secreto el regreso del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas. Tarradellas regresó efectivamente tres meses después de las elecciones del 15 de junio de 1977, comicios en los que ERC se presentó en coalición con Heribert Barrera.
Actualmente, los estudios sobre la Transición tienden a desmitificar el proceso "de la ley a la ley", destacando el papel de la sociedad civil movilizada y la necesidad de la monarquía de construir un estado democrático para subsistir. El profesor Martí Marín subraya la importancia de los movimientos sindicales prohibidos y organizaciones como la Asamblea de Catalunya, que protagonizaron manifestaciones y huelgas generales, como la de Sabadell o el Baix Llobregat, que forzaron el cambio legislativo.
