Los mensajes, escritos en la sede de la institución, vinculan al ente con el desalojo en la calle Rabadans. La administración ha respondido aclarando que el desahucio es fruto de una decisión judicial penal y que el organismo no tiene potestad legal para intervenir en su ejecución.
“"Las pintadas en un edificio público no resuelven ninguna situación y perjudican el patrimonio común."
A pesar de no tener competencias en vivienda, los Servicios Sociales comarcales han realizado un seguimiento de los afectados para tramitar las ayudas correspondientes. La entidad ha anunciado que utilizará las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de los daños en el edificio.
