De los 43 proyectos impugnados, 38 corresponden a parques solares y 5 a parques eólicos, que en conjunto ocuparían cerca de 500 hectáreas de terreno, mayoritariamente agrícola. El sindicato agrario reiteró que está a favor de las energías renovables, pero alertó que su despliegue no puede realizarse “a costa de perder tierras agrícolas ni de expulsar agricultores del territorio”.

Por este motivo, la organización defiende que los parques fotovoltaicos deberían ser mucho más pequeños, preferentemente por debajo de las 10 hectáreas, situarse en terrenos de baja productividad agraria y que impliquen de manera directa al territorio. En caso de que se ocupen tierras productivas, el sindicato exige la aplicación de la Ley de Espacios Agrarios, una normativa que obliga a compensar la pérdida de producción mediante la mejora de las fincas vecinas.

Además de las alegaciones a los parques, Unió de Pagesos también presentó recursos de alzada a 10 proyectos de parques fotovoltaicos ya autorizados. También se han presentado alegaciones a la línea de muy alta tensión (MAT) entre Cabañera (Huesca) y l’Espluga de Francolí, de 85 km aéreos a través de espacio agrario, que afecta hasta a quince municipios de la Plana de Lleida.

El sindicato insiste en que la transición energética es necesaria, pero reclama que se haga con criterios de proximidad, equilibrio territorial y respeto por la actividad agraria. Desde 2019, Unió de Pagesos ha presentado alegaciones a 259 proyectos de parques solares y 62 recursos de alzada.

Otra preocupación clave es la presión sobre el precio de la tierra. Según datos del sindicato, cerca del 70% de los agricultores trabajan en tierras de arrendamiento. La entrada de grandes fondos de inversión que ofrecen precios de alquiler “inasumibles” para la agricultura está provocando que muchos profesionales tengan que abandonar la actividad, motivo por el cual Unió de Pagesos apela a la participación local de los agricultores.