La acción legal busca la protección constitucional después de que la justicia española se negara a investigar la actuación de la agente de la Policía Nacional, quien adoptó una identidad falsa para infiltrarse en el movimiento independentista de Girona. La agente mantuvo una relación sentimental y de convivencia con Campos para acceder a información de entidades y controlar sus actividades.
“"Infiltrar agentes de policía en un movimiento democrático y pacífico sin el más mínimo indicio de delito ya es aberrante en sí mismo, pero que la justicia se niegue a investigarlo es intolerable."
Las entidades querellantes, incluyendo la Associació Ateneu Popular de Girona y la Federació d'Entitats Socioculturals de Salt, argumentan que la agente Isern "cosificó" a Campos, utilizándolo como un instrumento de espionaje. Denuncian que el uso de relaciones íntimas para la infiltración constituye una "forma de violencia y de abuso" incompatible con los estándares democráticos.
El archivo de la querella fue confirmado por la Audiencia Provincial de Girona el 16 de diciembre, al considerar que la relación fue "consentida" y que la agente simplemente "omitió" su identidad. Los recurrentes critican que la resolución "responsabiliza a la víctima de haber sufrido los daños denunciados" y que presupone la legalidad de la misión sin haber realizado ninguna investigación.
