El nuevo contrato tendrá una duración inicial de dos años y garantizará el funcionamiento ininterrumpido de la central, que gestiona llamadas relacionadas con urgencias, emergencias e incidencias de seguridad ciudadana. El servicio, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año desde las dependencias policiales, incluye la recepción, atención y gestión de llamadas, el traslado de información básica, la introducción de datos en los sistemas informáticos y la comunicación de peticiones a los agentes. Los operadores también podrán resolver consultas directas que no requieran intervención policial.
El presupuesto detallado incluye 602.098,90 euros de base y 126.440,77 euros de IVA. Los costes laborales, que incluyen salarios (362.802,73 €) y cotizaciones a la Seguridad Social (123.352,93 €), representan la mayor parte. También se cubren gastos generales, beneficio empresarial y costes indirectos como la formación del personal y la actualización de protocolos.
El actual contrato, adjudicado en 2022, finaliza el 7 de septiembre. La nueva licitación prevé el inicio del servicio el 1 de noviembre. Ante la imposibilidad administrativa de enlazar los contratos, el Ayuntamiento ha gestionado una prórroga del servicio actual para garantizar la continuidad durante octubre. La nueva adjudicación podrá prorrogarse hasta cuatro años, con un valor estimado de 1.324.617,58 euros sin IVA.
La plantilla prevista para el nuevo servicio será de ocho personas: siete gestores telefónicos y un supervisor. La cobertura horaria variará según el día, con dos operadores por turno en días laborables y sábados, y un operador por turno en domingos y festivos. Se calculan 14.112 horas de servicio anuales, con una bolsa de 440 horas para reforzar la central en situaciones extraordinarias como ferias o emergencias.
La documentación fija indicadores de calidad clave: cobertura telefónica mínima del 95%, tiempo de espera inferior a 15 segundos en el 80% de las llamadas, y un máximo de 20 segundos. El índice de llamadas abandonadas no podrá superar el 5%. El Ayuntamiento podrá verificar el cumplimiento mediante sistemas informáticos, escuchas puntuales y un mecanismo de 'ciudadano anónimo'.
