La abogada Marta Alsina sostiene que el nuevo marco normativo impone obstáculos que afectan directamente a los derechos de la población. Actualmente, existen 1.350 expedientes pendientes y se han registrado más de 30 quejas por la negativa a empadronar en domicilios de la administración.
“"Se ponen trabas y se vulneran derechos como la salud, la asistencia médica o la escolarización."
La defensora critica que el plazo de tres meses para resolver las solicitudes carece de celeridad. Asimismo, denuncia que no se aplique la fecha de solicitud para los efectos del padrón, lo que impide el acceso inmediato a derechos fundamentales.
