La situación de la finca Cal Macià, también conocida como Casa Vallmanya y situada en Alcarràs, continúa siendo un foco de preocupación. Este inmueble, el único de Catalunya que perteneció al president Francesc Macià y catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), se encuentra en un estado de deterioro que pone en riesgo su preservación. Ante la negativa del propietario a llevar a cabo las obras de consolidación y la notificación de una Orden de Ejecución Subsidiaria, la plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha decidido pasar a la acción.

La entidad ha presentado un requerimiento de inactividad ante los Servicios Territoriales de Cultura de la Generalitat de Catalunya en Lleida. El escrito insta a la administración a cumplir con su deber de proteger y hacer cumplir las obligaciones de conservación del inmueble. Fuentes de la plataforma señalan a El Món la necesidad de que la administración "actúe y haga las actuaciones que se deben hacer para intentar preservar la casa", lamentando un nuevo "impasse" en el proceso.

La plataforma teme que la Generalitat pueda demorar la respuesta al recurso presentado por la propiedad contra la ejecución subsidiaria de las obras de apuntalamiento y consolidación, un plazo que podría alargarse durante tres meses. Consideran "inadmisible" esta parada, ya que agravará el estado de la casa y aumentará la responsabilidad del Ayuntamiento de Alcarràs y de la propia Generalitat en el deterioro del bien protegido.

Desde Salvem Cal Macià, se critica que la Generalitat no hubiera ejecutado las obras directamente sin dar opción a recurso. "Emplazamos de nuevo a la Generalitat a ejecutar las obras de consolidación y mantenimiento de Casa Vallmanya sin perder ni un minuto más", sentencian, advirtiendo que cualquier nueva dilación podría agravar la situación.

Esta situación podría tener consecuencias legales. Las fuentes de la plataforma avanzan que, si la Generalitat no interviene rápidamente, aportarán esta documentación a la denuncia ya presentada contra el Ayuntamiento de Alcarràs y el departamento de Cultura por permitir el deterioro del inmueble. Estos hechos ya están siendo investigados por la Fiscalía de Lleida, que podría abrir un contencioso administrativo contra la Generalitat.