El correo, recibido por un vecino de la capital del Segrià, simulaba ser enviado a petición del Director General de la Policía de Catalunya y la Agencia de Seguridad contra la Ciberdelincuencia de Catalunya.
El escrito alertaba al destinatario de que tenía pendiente un arresto inmediato por estar acusado de varios ciberdelitos, incluyendo la “posesión ilegal de drogas encontradas dentro de su ciberespacio”.
Los estafadores instaban a la víctima a presentarse inmediatamente en una comisaría o a responder directamente al correo electrónico para evitar la acción policial.
Entre las acusaciones falsas que se utilizaban para intimidar al usuario se incluían delitos graves como pornografía infantil, exhibicionismo, sexo comercial o tráfico de drogas. El objetivo final de este tipo de estafas es conseguir datos personales o bancarios de la víctima mediante el uso de la autoridad.
