El servicio de limpieza en la ciudad de Lleida se sigue prestando con un contrato adjudicado a ILNET hace dos décadas, que inicialmente debía finalizar en marzo de 2016. Sin embargo, dos gobiernos anteriores decidieron prorrogarlo hasta marzo de 2024. La segunda de estas prórrogas, de seis años, fue impulsada por el entonces concejal de Urbanismo con el objetivo de implementar el sistema de recogida puerta a puerta en barrios como Balàfia, Pardinyes y Ciutat Jardí.
Esta decisión hizo que el gobierno posterior recibiera un contrato ya prorrogado más allá de su mandato. Aun así, el ejecutivo republicano inició los trabajos para un nuevo contrato, elaborando dos informes técnicos que han servido de base para la nueva licitación del actual gobierno. Esta situación ha sido descrita como una herencia que explica la complejidad de la situación actual.
La gestión de esta herencia por parte del actual gobierno ha sido duramente cuestionada. La concejala responsable ha tardado 33 meses, desde julio de 2023 hasta marzo de 2026, en adjudicar el nuevo contrato, un hecho que ha sido calificado de incompetencia. Durante este período, el gobierno ha encadenado improvisaciones, prórrogas sucesivas, calendarios erráticos y previsiones incumplidas, a menudo justificándose con supuestos avales jurídicos.
“"No han sabido licitar y adjudicar el contrato en un plazo razonable ni gestionar las prórrogas con el rigor necesario. No es mala suerte, es mala gestión: retraso en los pliegos, falta de previsión e incapacidad de anticipar un recurso absolutamente habitual en una licitación de esta magnitud."
El resultado de esta gestión son cinco prórrogas en un solo mandato —siete en total— que alargan el contrato hasta el 16 de diciembre de este año, perpetuando un modelo agotado sin afrontar el debate de fondo. La falta de autocrítica por parte del gobierno ha sido otro punto de fricción, ya que se ha interpretado como una incapacidad para reconocer los errores en la licitación y gestión de las prórrogas.
Mientras tanto, la ciudadanía de Lleida es quien asume las consecuencias, con una tasa de basura más alta por un servicio que no mejora y que no cumple los plazos anunciados. En dos años, la presión fiscal en Lleida ha aumentado más de 9 millones de euros. Por ello, se ha exigido congelar la tasa a los precios de 2025 y devolver los incrementos hasta que el nuevo contrato sea una realidad y el servicio mejore. También se pide reforzar el servicio actual con brigadas de refuerzo o ampliando contratos, ya que el dinero para hacerlo está presupuestado.
Esta situación se percibe como un reflejo de una forma de gobernar que, en lugar de asumir errores, prefiere señalar a los demás y confunde el marketing con la gestión. Un gobierno que hace grandes anuncios antes de resolver los problemas y que, cuando la realidad lo desmiente, no rectifica ni da explicaciones. Esta actitud ha generado una gran decepción y se considera un síntoma de un gobierno sin autocrítica, sin capacidad de rectificar y sin liderazgo.
