El alcalde, Josep Ramon Farran, explicó que la Guardia Urbana ha constatado un incremento en el uso de documentos manipulados, falsos e incluso de personas difuntas. Aunque la ley permite multas de hasta 6.000 euros, el consistorio ha fijado el máximo en 1.500 euros para estas infracciones.
“"Se trata de una cuestión de civismo y solidaridad. Hemos constatado algunos comportamientos totalmente incívicos con muy pocos reparos a la hora de saltarse la normativa."
Las infracciones más habituales incluyen el uso de fotocopias en lugar del original, tarjetas caducadas o de titulares fallecidos, y la utilización de la tarjeta en ausencia de la persona titular. La normativa establece que el uso es personal e intransferible, y solo es válido si la persona con discapacidad reconocida está presente en el vehículo.
Farran recordó que el uso fraudulento de estas tarjetas está tipificado como infracción en el código de accesibilidad de Catalunya, lo que conlleva, además de la multa económica, la retirada del documento durante 24 meses. El consistorio ha decidido actuar con contundencia ante la falta de respeto a la normativa.
