Entidades como GEPEC y Unió de Pagesos han hecho un frente común en Reus para denunciar lo que consideran una imposición. El plazo para presentar reclamaciones finaliza el próximo 25 de febrero, lo que ha activado una campaña intensiva en diversos municipios afectados. Los opositores centran sus críticas en el impacto sobre la salud, el paisaje y la viabilidad de las explotaciones agrícolas de la zona.
“"Como colectivo, como territorio no nos merecemos esta infraestructura."
El proyecto, que atraviesa comarcas como el Priorat, el Baix Camp y la Terra Alta, también ha generado rechazo institucional. La mayoría de los ayuntamientos, salvo Vallmoll, se oponen a la infraestructura. Las organizaciones advierten que, de no detenerse el proceso administrativo, acudirán a los tribunales de la Unión Europea para proteger espacios protegidos y especies en peligro como el águila perdicera.
