El anuncio de esta medida ha generado una actividad intensa en puntos clave como el Consulado General del Reino de Marruecos en Tarragona. Muchos ciudadanos han acudido para obtener certificados de antecedentes penales, un documento indispensable para completar el expediente una vez se abra el plazo oficial.
“"Por fin me sentiré legal y no tendré miedo a ser detenido."
Para muchos residentes, como Ahmed Haddad, un joven argelino de 26 años que vive en la capital tarraconense, esta ley supone acortar los plazos que exigía el arraigo convencional. La posibilidad de acceder a un contrato de trabajo legal y visitar a la familia en sus países de origen son las principales motivaciones.
En la localidad de Constantí, casos como el de Lina González, de origen colombiano, ejemplifican la realidad de muchas familias que actualmente sobreviven en la economía sumergida. La regularización les permitiría formalizar su situación laboral y garantizar la estabilidad educativa de sus hijos.
